Las ciudades, al igual que los seres humanos, crecen, se modifican, se hacen más complejas. Y así como a las personas hay que educarlas, a los núcleos urbanos hay que planificarlos para que se desarrollen adecuadamente.
Así fue que, en la década de los 70, Luján tuvo su primer Plan Regulador, mucho antes que otros distritos importantes. Es decir, desde aquellos años se fijaron reglas para establecer pautas de crecimiento y desarrollo urbanístico.
Desde entonces, con algunas modificaciones, sigue vigente. Claro que el paso del tiempo puso en evidencia la necesidad de actualizarlo, dictándose un nuevo conjunto de normas que forman lo que hoy se llama Código de Ordenamiento Urbano. De allí la sigla C.O.U.
¿Para qué sirve un C.O.U.?
¿Y qué establece?
Se trata de una norma que determina las zonas urbanísticas en un distrito, en este caso el Partido de Luján.
Es sancionada por el Concejo Deliberante y luego debe ser aprobada por la Provincia para entrar en vigencia.
Por lo tanto, es una ordenanza que establece cuáles son zonas urbanas, cuáles son rurales, industriales, de esparcimiento, Y autoriza, dentro de cada zona, qué actividades pueden llevarse a cabo, dimensiones de los emprendimientos, y otras características de las edificaciones e instalaciones.
Se trata de disposiciones que contienen cuestiones técnicas y que contemplan decisiones políticas. Por lo tanto exigen tener conocimientos específicos y criterios de sentido común, lo que no resulta nada fácil de consensuar entre una veintena de concejales que tienen visiones distintas, objetivos e ideologías también diversas y, por qué no decirlo, alguna dosis de ignorancia en la materia.
Así pasaron años, sin lograr aunar o acercar las formas de pensar, hasta que en el año 2015 los concejales votaron afirmativamente el proyecto y sancionaron la ordenanza del nuevo C.O.U.
Luego, tal como correspondía, fue remitido a La Plata para que el gobierno provincial lo convalidara.
Sin embargo, luego de algunos meses de estudio por parte de las áreas provinciales que intervienen en ese tema, el Código de Ordenamiento Urbano fue devuelto a Luján para que se le introdujeran modificaciones en base a las objeciones técnicas efectuadas en la capital de la Provincia de Buenos Aires.
Así se iniciaba una nueva etapa de trabajo en el Municipio local, debiendo considerarse las observaciones recibidas y la corrección de la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante.
Hay concejales que entienden que se trata de una tarea sencilla, pues a la norma aprobada por el Concejo deben corregírsele sólo las objeciones realizadas por las dependencias provinciales. Otros, en cambio, consideran que es el momento de volver a considerar algunas cosas del C.O.U. y modificar la norma local antes de remitirla nuevamente a la Provincia.
Y allí aparecen voces disonantes, que intentan introducir cambios a la ordenanza sancionada en 2015, cambiando destinos, dimensiones, usos,
No sólo opinan urbanistas, arquitectos y otros profesionales relacionados con esa materia, sino también dirigentes de partidos políticos, agrupaciones sociales, vecinos independientes, y hasta usurpadores de tierras ajenas.
Por supuesto, cada uno esgrime sus razones, o lo que entiende que son razones a partir de las cuales se puede reclamar algún derecho.
A veces parece bastar la presión de algunos grupúsculos defensores de sus propios intereses para que los concejales dilaten indefinidamente el tratamiento de un tema tan importante.
Lo cierto es que así ocurre. Sólo unos pocos legisladores locales sostienen lo que piensan, y lo que han votado. Otros ceden ante los “aprietes” de activistas capaces de actuar sin respeto a las instituciones y a las leyes.
Al cierre de esta edición estaba previsto tratar el Código de Ordenamiento Urbano en la sesión del lunes 19 de diciembre, a las 19 hs.
Muchos sectores productivos, inversores, desarrolladores, comerciantes, emprendedores, y vecinos en general, están esperando la nueva reglamentación para decidir una obra, una actividad o una inversión.
Nuestros legisladores no pueden ser rehenes de quienes, bajo presión, desconocen que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, nada menos que una regla básica de la Constitución, de la democracia y del Estado de derecho.