Funcionarios que vienen y se van. Concejales que dudan. Intereses que bailan la danza de las especulaciones. Sectores políticos y sociales minoritarios embarran la cancha. Mientras tanto el C.O.U. duerme el sueño de los justos.
*Reformar el viejo Plan Regulador -uno de los primeros en la Provincia- fue un objetivo del gobierno del Intendente Miguel Angel Prince.
Allí comenzaron los estudios y los primeros borradores, a los que les sucedieron reuniones, consultas y debates. Debió encararse un trabajo muy importante.
Hoy, casi veinte años después, todavía la calesita de la burocracia y las chicanas políticas sigue dando vueltas. Y el Código de Ordenamiento Urbano que Luján necesita y la Municipalidad ha elaborado, sigue esperando.
Hace ya casi dos años que fue aprobado por el Concejo Deliberante, pero la ley obliga al Municipio a enviarlo a La Plata, para que el gobierno provincial lo revise y lo acepte o rechace.
Así se hizo y el trabajo presentado recibió unas veinte objeciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta para corregir su texto y volver a enviarlo modificado.
Pero, aunque casi todos los concejales, o al menos una amplia mayoría de ellos, estaría dispuesto a incorporar esas observaciones y darle aprobación definitiva, los papeles siguen demorados.
¿Qué pasa, entonces, que el C.O.U. nunca se aprueba, pese a las necesidades de muchos sectores que así lo reclaman y a la conformidad del Intendente Municipal, Oscar Luciani?
Nadie parece animarse a contar la verdad, salvo en voz baja.
Es cierto –lo confirmamos- que hay consenso para que el Concejo Deliberante apruebe las modificaciones y la nueva reglamentación se ponga en vigencia, probablemente no por unanimidad, pero sí por amplia mayoría.
Pero, en torno al tema, asoman otros actores: grupos políticos sin representación en la legislatura local, movimientos sociales minúsculos y, en algunos casos, cuya finalidad es poco conocida, dirigentes sueltos, algunos vecinos interesados que poco entienden y otros que han sido inducidos a concurrir “acompañando” reclamos que ellos mismos desconocen.
La gente común, la amplia mayoría de los ciudadanos de a pie, se pregunta ¿quiénes son Santiago Deschuter, Agustín Burgos y sus compañeros de ruta, qué es Patria Grande o la cooperativa Accaso, y en todo caso, qué hacen en el Concejo Deliberante para oponerse a la aprobación del C.O.U.?
Haría falta que difundan sus argumentos porque el gran público los ignora y su sola presencia no garantiza la existencia de fundamentos para sostener su posición.
Mientras tanto, los concejales se hallan entre dos fuegos, porque en la otra vereda hay emprendedores, inversionistas, arquitectos, martilleros, empresas constructoras, que reclaman una decisión demasiado postergada para aprobar el nuevo Código.
¿Se han considerado los argumentos de unos y de otros? Tal vez sí, tal vez no tanto, pero hay funcionarios que no se cansan de repetir que algunos autodenominados dirigentes políticos y sociales, recién se ocupan del C.O.U. a esta altura del trámite, cuando ya fue aprobado por el Concejo Deliberante y corregido por la Provincia.
“En veinte años no han presentado un proyecto alternativo –expresaba un concejal- sólo buscan protagonismo mediático, porque en las urnas no los vota nadie”. Nos pareció un concepto muy duro, pero no –según opinan muchos- no tan alejado de la realidad.
“La gente del MTC, por ejemplo –explicaba otro integrante del Concejo Deliberante- vive pidiendo y exigiendo como si fuesen representantes de las Naciones Unidas. ¿Quiénes son? Ya cansaron a todo el mundo. Pero no me crean a mí –repetía- pregúntenle a los empleados municipales”.
¿Estas son las causas –según afirman algunos- de que una reglamentación tan importante no se apruebe? –nos preguntamos, aunque –según se afirma- se convocaría a una sesión extraordinaria para tratar el tema el próximo 20 de febrero.
La participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno son un pilar de la democracia, y no sólo debe respetarse sino garantizarse. Pero esa participación ciudadana tiene límites, como no obstruir el funcionamiento de las instituciones, no limitar las libertades de los funcionarios y no perder de vista que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. O, simplemente, se destruye el sistema democrático.
El supuesto o verdadero interés de cualquier ciudadano o sector social en conocer un proyecto, y aun el derecho de peticionar que se le incorporen modificaciones, no puede obstaculizar el trabajo de los concejales, pero tampoco que a éstos les sirva como excusa para no cumplir con su obligación de legislar.