En la 160º° Reunión de Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se aprobaron las operaciones para el “Proyecto implementación de manejo integral de la Cuenca del Río Luján, Etapa II” y el “Programa de apoyo para el desarrollo de proyectos de participaciones público-privadas”, en un acto en el que la Argentina estuvo representada por el jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Félix Martín Soto.
El “Proyecto implementación de manejo integral de la Cuenca del Río Luján, Etapa II”, con un monto de USD 120 millones, está destinado a la Provincia de Buenos Aires. El objetivo de esta obra, con impacto en cinco municipios bonaerenses, es prevenir las crecidas, manejar controladamente los caudales y moderar el efecto de las inundaciones en la cuenca del Río Luján.
En esa dirección, Presidencia comunicó que “el Plan Maestro del Río Luján (PMRL) cuenta con dos etapas, la primera iniciará su ejecución en la parte media y baja de la cuenca, mientras que la segunda intervendrá la parte media y alta. La primera etapa, por USD 100 millones, había sido aprobada en julio de 2016”.

VÍA LIBRE PARA SEGUIR CONSTRUYENDO SOBRE LOS HUMEDALES: SOLICITAN QUE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARE QUE LA JUSTICIA FEDERAL ES LA QUE DEBE CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN
El día 9 de mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Justicia Provincial debe ser la que investigue en el marco de la causa por estrago seguido de muerte por inundaciones y daños a la principal reserva de agua a nivel nacional caratulada “NN Delito de Acción Pública”.
Sin embargo tal decisión pondría en riesgo las resoluciones de la Justicia Federal, que a más de ocho años de investigación en ésta y otras causas relacionadas, resolvió interponer una medida de paralización precautoria, ordenando a mediados del año 2016 a las autoridades del estado a que no autoricen nuevos emprendimientos inmobiliarios ni ampliaciones de los ya existentes en la cuenca del río Luján y el Delta del Paraná, hasta que se cuente con los resultados del estudio integral e interdisciplinario que ha encomendado, y que además busca establecer las soluciones a las inundaciones; situación que motivó a que la parte demandante presentara ante el Máximo Tribunal una “Acción de Nulidad” a través de la cual solicita a la CSJN que declare que la justicia federal es la que debe continuar con tan sensible investigación de incidencia colectiva.
La causa “NN Delito de Acción Pública” Nº 32009066, que fuera desglosada de la causa Federal Nº 439 iniciada en el año 2008, fue iniciada en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado por el acaparamiento y destrucción de bienes del dominio público natural por parte de empresas inmobiliarias en connivencia con funcionarios del estado nacional, provincial y municipal, que afectaron la principal reserva de agua a nivel nacional y alteraron el régimen hidráulico de los ríos Paraná – Luján con consecuencias catastróficas de incidencia colectiva causando estrago seguido de muerte por inundaciones.
Las decisiones judiciales federales estuvieron fundadas, entre otros, en los testimonios de expertos que integran equipos interdisciplinarios de investigadores de la UBA-CONICET-UNLP. En el mismo sentido y desde el año 2008 el Defensor del Pueblo de la Nación, que intervinó acorde el ámbito federal de su competencia, para insistir en que las autoridades nacionales y provinciales promuevan con carácter de urgente, la creación de un área protegida interjurisdiccional, que abarque la totalidad del Delta del Paraná, sus islas y cuerpos de agua, incluso bajo la protección de Sitio Ramsar, asimismo requirió que se establezca una moratoria a la aprobación de nuevos emprendimientos o cambios de uso del suelo que pudiesen modificar la dinámica hídrica hasta tanto esté en funcionamiento el plan operativo de gestión “Plan de Manejo para el Delta del Paraná” (PIECAS-DP). También al igual que los fallos judiciales federales requirió que se efectúe un estudio para determinar los daños y las soluciones, previendo la recomposición ambiental.
Emprendimiento San Sebastián en Pilar, de la empresa EIDICO, sobre 1.100 hectáreas de la planicie de inundación del río Luján. Ocupo y modificó el 50% del cauce natural del río Luján perforando las napas de agua.
La medida de paralización precautoria ordenada por la Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado, que va en consonancia con la establecida por el Juez Federal Adrián González Charvay, alcanza a la planice de inundación del río Luján y el Delta del Paraná en los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Luján
Sin embargo, han existido decisiones recientes de los poderes legislativo y ejecutivo provincial relacionados directamente a la causa, que parecerían desconocer los fallos judiciales federales de primera instancia a saber,
a saber:
1.-El día 21 de diciembre de 2016 fue aprobada la ley de bosques nativos de la provincia de Buenos Aires Nº 14.888. Los bloques de CAMBIEMOS y FRENTE RENOVADOR votaron por unanimidad la ley, y también la mayoría del FRENTE PARA LA VICTORIA y el PARTIDO JUSTICIALISTA. La Gobernadora María Eugenia Vidal la promulgó el día 15 de enero del 2017. No fueron tenidas en cuenta para su sanción las recomendaciones de los académicos y organizaciones sociales que hace muchos años venían trabajando seriamente, quiénes denunciaron que se elaboró a medida de los empresarios. (Fuente https://www.pagina12.com.ar/19270-mas-poder-para-las-empresas)
En este sentido los Dres. Fabio Kalesnik y Roberto Bó, docentes e investigadores de la UBA y el CONICET dirigieron una carta al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), en la que manifestaron su desacuerdo por las serias irregularidades en el mapa de la ley de bosques provincial y afirmaron: ”…Pero, lo que consideramos más problemático aún, más allá de nuestra falta de participación, es que, a partir de dicha reunión, los bosques de los albardones de las islas no sólo no tienen color verde sino que aparece el mapa correspondiente con color blanco, lo que puede interpretarse o significar a los fines prácticos que directamente no existen. Este hecho no sólo plantea una situación engañosa, de la que podría interpretarse que no hay ni bosques secundarios, ni parches de bosques nativos en los albardones del Bajo Delta Bonaerense, sino que habilitaría el avance de mega emprendimientos inmobiliarios y de otros tipos, que dañarían en forma importante o, incluso irreversible, la dinámica hidrogeomorfológica natural de las islas.
2.-Recientemente, el día 30 de junio del 2017 es modificada la Resolución 29/09 del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, que ponía en cabeza de este organismo provincial la responsabilidad de la evaluación de impacto ambiental ante las obras de endicamiento, embalses y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o ambientes isleños. La nueva Resolución lleva el Nº 562/2017, y las modificaciones introducidas se basaron en la ley de bosques provincial cuestionada Nº 14.888 y en fundar porque debían ser los municipios los encargados de efectuar la evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, cabe señalar que la gestión del lecho o cauce de ríos navegables o del régimen hidráulico de cursos fluviales -ríos, arroyos- que serán afectados por las obranzas hidráulicas de –dragados, refulados, excavaciones, polders, terraplenes, endicamientos, rellenos-, son de competencia concurrente entre Nación y Provincia/s; pero nunca por la autoridad municipal, fundamentos que volverían inconstitucional la nueva resolución del OPDS.
3.-Nombramiento/s de Director/es con injerencia en el territorio.
El Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat (CPVH) creado por la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat expresó su “más enérgico repudio” a la designación de Dante Galeazzi como Director Provincial en el área de ordenamiento urbano dependiente de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
“Existe un conflicto insalvable entre las funciones del cargo que el Dr. Galeazzi ocuparía en la Dirección Provincial y su pertenencia a empresas como Nordelta y a cámaras del sector inmobiliario que han priorizado reiteradamente sus intereses económicos por sobre los intereses colectivos”, argumentó el CPVH en una declaración que contó con un centenar de adhesiones y fue presentado en una carta dirigida a la gobernadora. (Fuente: ttps://puntaquerandi.com/2017/07/12/el-lobby-inmobiliario-gana-terreno-en-el-gobierno-de-vidal/)
4.-Paralelamente avanzan créditos y obras en la cuenca del río Luján y el Delta del Paraná sin respetar la convocatoria ciudadana a través de audiencia pública o consulta pública, violando el marco jurídico vigente. Con el agravante que respecto a las obras a iniciarse en el partido de Campana, en el Delta del Paraná, Parques Nacionales manifestó su negativa a la evaluación de impacto ambiental presentada por la provincia.