No todos los costados de la política son halagadores. A veces, claramente, muestran ser todo lo contrario.
¿Las razones? Muchas y muy diversas. Frustraciones, dolor, enojo, pena, impotencia, sufrimiento. Otras veces el afán de protagonismo, la ignorancia, la vanidad, las ansias de poder o de figuración.
Cualquiera sea la motivación, finalmente los hechos tienen repercusión pública y terminan produciendo efectos, positivos o negativos, en la gente.
Hay que tener madurez para medir las consecuencias de los actos, para mantener el equilibrio, para ser moderado. Representar a una comunidad no es tarea para cualquier tirabombas, excepto para los ojos de algún pequeño sector reaccionario que también adopta la metodología de la violencia como práctica política.
La muerte de una pequeña en el hospital local, recientemente, es un hecho de gran impacto social, que conmueve a la gran mayoría de la población, pero esa condición no lo transforma en una bandera de guerra electoral.
El dolor de los familiares no debe ser usado para hacer campaña contra un gobierno, cualquiera sea éste, cualquiera su color político o su aceptación pública.
El aprovechamiento de la ignorancia de quienes son motorizados para manifestarse escandalosamente, es inmoral para el político que lo impulsa.
Lo ocurrido en la sesión del Concejo Deliberante el pasado lunes 17 es una clara demostración de la más baja expresión de la política, no por los actores visibles en el escenario -los familiares de la víctima- sino por quienes permanecían detrás del telón siendo los verdaderos responsables de los sucesos, y por otros que se sumaban al reclamo ajeno para aumentar la resonancia de la protesta.
No son los políticos, ni los dirigentes sociales, ni la prensa, los encargados de hacer justicia. Y mucho menos de imputar responsabilidades. Para eso deben actuar libremente los poderes del Estado, cumpliendo las funciones que a cada uno corresponde, y el veredicto final será la única conclusión válida.
No se trata de negar a nadie la posibilidad de expresarse, de hacer público su dolor, de pedir celeridad en las actuaciones, sino de que nadie se atribuya potestades que no tiene avasallando los derechos de otros, incluidas las instituciones.
El escándalo que se vivió en la sede del órgano deliberativo local el lunes 17 de julio fue un bochorno. Un verdadero foco de vergüenza.
Desorganización, incapacidad de conducción, imprevisión, descontrol, fueron sólo algunos de los aspectos que se manifestaron ante los ojos de la comunidad que sólo pudo ver a unos contra otros, a vecinos contra vecinos, a ciudadanos contra ciudadanos.
¿Cuáles son los límites de la protesta? Ciertamente el agravio a otros, sean personas o instituciones.
Los sorprendidos espectadores de la batahola que se vivió en el Concejo Deliberante, comprobaron que todo vale. Y la mezcla del dolor con la especulación política conforma una fórmula muy peligrosa, que traslada las conductas al borde del delito.
Una comunidad civilizada no puede admitir que las protestas, o aun las acusaciones, traspasen los límites que la ley establece y adopte formas que terminan violando la propia ley en la que se pretenden amparar.
Ese día, los manifestantes –con mezclados intereses- invadieron el recinto deliberativo, rodeando a los concejales –en especial a los oficialistas- y se expresaron con agresividad, amenazas e insultos.
Que la denominada “barra” se haga oir, no es discutible. Pero que abandone su espacio de espectadora para ingresar al ámbito de la labor legislativa, que incursionen por las bancas, que tomen papeles pertenecientes a los legisladores y tantas otras formas de violencia, no resultan admisibles.
Peor todavía, los manifestantes privaron a los concejales de su derecho a moverse libremente por las dependencias en las que trabajan y ejercen la representación política que la ciudadanía les concedió, no permitiéndoles –a través de la fuerza- que salieran del recinto.
Y, de tal forma, también impidieron el funcionamiento de las instituciones democráticas. Una manifiesta forma de ignorancia que se transforma en un delito.
Mientras tanto, la autoridad del Concejo no gravitó en medio del escándalo. Su imagen se vio paralizada ante el tumulto, como desconcertado por la situación, lo que contribuyó a prolongar el bochornoso episodio.
Las agresiones llegaron a nivel físico cuando un identificado asistente agredió, con un golpe de puño en el rostro, al concejal Carlos Pedro Pérez, quien sólo pretendía salir del salón de sesiones para dirigirse al baño.
¿Cómo puede, un grupo de personas sin autoridad alguna, imponer reglas, prohibiciones u obligaciones a otras personas que, además de tener sus mismos derechos ejercen un cargo público por mandato popular? ¿Cómo, ante esa situación, el Presidente del Concejo Deliberante no tomó ninguna medida de prevención para impedir el desborde?
Se dice que, el primer caso se explica por ignorancia, y el segundo por incapacidad.
Expresiones fuertes, discrepancias, oposición, reclamo, son formas de expresión propias de la democracia. Insultos, amenazas, agresiones físicas, obstrucción del funcionamiento institucional, son formas delictivas sancionadas por la ley.
Y la utilización del dolor ajeno para hacer política del más bajo nivel, es una actitud repudiable, sobre todo si emana de quienes tienen responsabilidades públicas que les exigen mayor cuidado en sus acciones y en sus dichos.
Dañar un móvil policial a patadas no es propio de un representante de la comunidad. Simplemente porque quienes le dieron esa representación no actúan de esa manera.
Alentar la violencia vivida el pasado 17 de julio es otra forma de liderar la violación de la ley, el delito en banda, u otras formas de describir lo ocurrido. Aunque suene fuerte.
Afortunadamente, se alzaron algunas voces de repudio contra lo ocurrido, aunque no exentas de alguna especulación política, pero finalmente expresaron una visión mesurada.
Sin embargo, lo esencial, la reprochable conducta cívica, la falta de respeto institucional, el desempeño de los representantes del pueblo, la cuestionable actitud de la autoridad del cuerpo deliberativo y otros aspectos, evidencian un pobre nivel de la dirigencia y de la militancia política.
Pero, más allá de ello, subyace una clara especulación política en la provocación de los disturbios ocurridos, que en lugar de perseguir un objetivo de justicia sancionando a quienes hubieren incurrido en mala praxis médica –si fuere el caso, aun no demostrado- intentaron aprovechar la situación para destituir al Intendente Luciani.
De un lado los dolidos reclamantes, que en lugar de dirigirse al poder judicial, acuden a la Municipalidad para pedir justicia. Del otro, los dirigentes políticos que pretenden transformar al Jefe Comunal en un médico incompetente que habría cometido errores -sostienen- en el tratamiento de una paciente.
Ni unos ni otros aciertan el camino. Sea por ignorancia o por propósitos que pretenden mantener ocultos, aunque no lo logren.
Debemos sumarnos –y así lo hacemos- a la búsqueda de la verdad. Pero no podemos compartir –y así lo expresamos- la barbarie política.
Esperemos que cada uno se haga responsable de sus actos u omisiones, frente a sus pares, frente a las víctimas, frente a la sociedad.
La democracia es respeto no sólo de la decisión de las mayorías, sino también de la expresión de las minorías, de las instituciones, de la voluntad popular y de la ley.
Si se respeta la ley, entonces deben cambiar ciertas conductas.