El domingo 28 de mayo pasado salió en el diario Clarín el llamado a Licitación Pública internacional Nº°1/17 de la Corporación Andina de Fomento para realizar la ampliación del canal “Santa María” y la construcción de otro canal paralelo a este por un monto $736.525.329,08. Obras que aún no cuenta con la declaración de impacto ambiental (DIA), es decir la aprobación de su estudio de impacto ambiental (EIA) pero ya el 14 de julio próximo serían licitadas, cabe recordar que el DIA es un requisito indispensable para que la licitación no sea objetada. Pero esto es solo una muestra de la “desprolijidades” que está habiendo en la primera obra quiere realizar en la cuenca del río Luján. Esta obra a tal punto es cuestiona que el bloque de Cambiemos del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Campana voto una resolución el 1 de junio en el cual solicitan a las autoridades provinciales que le remitan a ese cuerpo legislativo los beneficios hidráulicos y económicos derivados de realizar ese nuevo canal, además la justificación hidráulica de realizar un relleno para construir un camino (con la extracción de la tierra para construir el canal) para beneficio de un privado en el cual no estaba contemplado en el plan maestro de la obra. Por otro lado instan a provincia que se estudie la alteración de la capa freática debido a la obra de los dos canales.
Otro organismo que está cuestionando esta construcción es la Administración de Parques Nacionales a través de su vicepresidente Emiliano Ezcurra, y Guillermo Martín (coordinador de la Regiónal Centro Este).
La Administración de Parques Nacionales envió una nota al Ministro de Infraestructura de la provincia Lic. Roberto Gigante, que en términos bastantes fuertes planteando que las obras, en los términos en que se quieren llevar a cabo, son ilegales.
Además de la resolución del HCD de Campana pidiendo a la gobernadora, al Ministerio de Infraestructura yi a la OPDS explicaciones de los cambios que se introdujeron en las obras, la Defensoría del Pueblo de la Provincia: Mariano Pantanetti ha sumado al pedido de información sobre las obras en general, información sobre la EIA de estas obras en particular. Otra objeción sería el monto elevado para la construcción de 7 km de canal y el beneficio de un particular en la obra, como así también la opinión de varios ingenieros que sostienen el poco o casi nulo beneficio que traería esta obra para mitigar las inundaciones.

CUESTIONADA DESIGNACIÓN:
Por otro lado se conoció esta semana la designación de Dante Galeazzi como director provincial de Ordenamiento Urbano, un puesto clave para los desarrolladores inmobiliarios.
El Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat (CPVH) de la provincia de Buenos Aires repudió el posible nombramiento de Dante Galeazzi, hombre fuerte de la empresa Nordelta y miembro de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), como director provincial de Ordenamiento Urbano, organismo que tiene entre otras facultades la aprobación y la regulación de los barrios privados. La senadora bonaerense Mónica Macha (FpV), integrante del Consejo, dijo que “poner al frente a un directivo de una empresa que alteró una porción importante de los humedales del río Luján es un despropósito”. En tanto, el director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Inclusión Social del CELS, Eduardo Reese, sintetizó: “Es poner al zorro a cuidar el gallinero”.
Según Macha, Galeazzi, yerno del empresario inmobiliario Eduardo Costantini y actual presidente de la CEDU en representación de la firma Nordelta, ya recorrió los pasillos y las oficinas de la que será su nueva área de trabajo. También fue presentado al personal del área, aunque el decreto con su nombramiento para el organismo que depende de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda aún estaría en trámite.
En la CEDU, la cámara que reúne a las principales empresas de la Argentina dedicadas al desarrollo inmobiliario, Galaezzi está secundado por el Vicepresidente Ejecutivo Raúl Sáenz Valiente, de Creaurban, el Vicepresidente 1° Eduardo Gutiérrez del grupo Farallón y el Tesorero Jorge Antonio Caputo del grupo Caputo.
El CPVH es un órgano multisectorial creado a partir de la ley 14.449, de Acceso Justo Al Hábitat, con el propósito de cuidar y promover la aplicación de esa ley. Está integrado por representantes de los municipios de la provincia, por miembros de universidades públicas, cámaras profesionales, legisladores y organizaciones relacionadas al hábitat.
En la declaración que difundirá la CPVH, los firmantes manifestaron el “más profundo repudio a la posible designación”, y luego agregaron que la ley “de Acceso Justo al Hábitat establece bases muy claras en lo que hace al derecho a la ciudad, la vivienda y el hábitat de todos/as y cada uno/a de los/as habitantes de esta provincia, y que es deber del Estado velar por el cumplimiento de dicho principio. Desde esta perspectiva, existe un conflicto insalvable entre las funciones del cargo que el Dr.Galeazzi ocuparía en la Dirección Provincial y su pertenencia a empresas como Nordelta y a cámaras del sector inmobiliario que han priorizado reiteradamente sus intereses económicos por sobre los intereses colectivos”.
En este sentido, Macha remarcó que “es la misma lógica con la que viene operando el gobierno nacional. Es clara la contraposición de intereses entre un funcionario que está ligado a todos los negocios de Nordelta y la función que debería cumplir de garantizar la ley de Acceso Justo al Hábitat para defender una ciudad inclusiva con la mirada puesta en los sectores populares y regular los negocios inmobiliarios”, dijo la legisladora y remarcó que es “un despropósito, una contradicción total que ocupe ese cargo alguien que está involucrado con una empresa que alteró una porción importante de los humedales del río Luján y que trajo inundaciones en otros barrios, por los desvíos que producen esos emprendimientos en los causes naturales. Es sostener la idea de una ciudad para ricos y otra para pobres”.
Reese sostuvo que la versión del nombramiento es más que una versión y aseguró que Galeazzi fue “presentado por el ministro del área (Roberto Gigante) el miércoles pasado como la persona que va a ocupar el cargo, que estaba vacante. El decreto va a tardar un mes”. “Nos preocupa enormemente la designación porque es como poner al zorro a cuidar el gallinero. Poner a cargo de la política urbana provincial a alguien de Nordelta que va a tener entre sus manos la aprobación de countries y barrios privados es obviamente incompatible con los cargos que ha tenido”, dijo el representante del Cels y remarcó que “por otro lado es terrible en un momento en el que está en discusión la ley de presupuesto para la conservación de los humedales poner al directivo de una empresa que ha invadido y alterado los humedales produciendo un incremento en la vulnerabilidad de muchos barrios aumentando el riesgo de inundaciones”.
“Queremos decirle a la gobernadora (María Eugenia) Vidal que desista del nombramiento, porque si Galeazzi es confirmado en el cargo lo vamos a judicializar. Hay un claro conflicto de intereses. Una persona que desarrolla las actividades que lleva adelante Galeazzi, no hace diez años sino ahora, tomando decisiones sobre políticas públicas que interfieren claramente con el negocio de esas empresas es insostenible”, dijo Reese y recordó que “ la empresa Nordelta fue una de las que encabezó la oposición más importante a la sanción de la ley de Hábitat. Sabemos cual es la postura que va a asumir”.