Finalmente el Concejo Deliberante aprobó el Código de Ordenamiento Urbano.
Tras dieciocho años de trámites, idas y vueltas, parálisis, especulaciones, impulsos espasmódicos, intenciones indisimulables, quejas, miedos, indecisiones, desconocimiento, presiones y otras yerbas, llegó el momento y los Concejales, por amplia mayoría, aprobaron la nueva ordenanza.
Pocas veces un tema fue tan importante, tanto para los que apoyaron la iniciativa como para quienes no estuvieron de acuerdo en votarla.
Lo cierto es que la larga historia del C.O.U. involucró a varias gestiones. Muchos funcionarios, de todas ellas, se involucraron en la tarea de mejorarlo y lograr su aprobación, la mayoría de ellos sin éxito.
Pero tan cierto como eso es que nadie como el actual Intendente Luciani jugó tan decididamente para alcanzar ese objetivo. Y lo logró, aunque recién en su segundo mandato, lo que indica que no fue nada fácil llegar a la meta.
Que había que modificar el ya exhausto Plan Regulador era una premisa unánime. Las discrepancias radicaban en qué modificaciones eran necesarias.
Lo llamativo fue que las disidencias se plantearan recién ahora. Porque el proyecto ya había sido aprobado en 2015 por el Concejo Deliberante, recibiendo algunas objeciones técnicas por parte de la provincia. Así se hizo público desde los ámbitos oficiales.
No pocos explican tantas demoras y vacilaciones atribuyéndola a las consecuencias de la insistente presión, sobre los concejales y funcionarios del ejecutivo municipal, de grupos políticos sin representación formal, pues no alcanzaron a un mínimo electoral que les hiciera posible alcanzarla, y de autodenominados dirigentes sociales cuya proyección en la comunidad resulta aún más incierta por no haber un sistema que pueda medirla.
Fuese así o no, aunque casi todo el mundo coincide en que esas fueron las principales causas de las dilaciones en el tratamiento de la ordenanza definitiva.
Debajo de la superficie, y de manera poco visible, los sectores interesados en el tema, como los desarrolladores inmobiliarios, inversores, profesionales de la construcción, intentaban obtener la decisión de los concejales. Por el contrario, los grupos ya mencionados procuraban impedirla.
Si bien la población en general, mayoritariamente no tenía demasiado conocimiento del tema, los sectores más informados terminaron sorprendidos por la situación, que para algunos llegaba al extremo de comprobar que los representantes del pueblo no ejercieran su función por presiones de quienes sólo expresaban su disconformidad, pero que en dieciocho años no habían hecho ninguna propuesta superadora.
El día de la votación mostró cómo actuaron los protagonistas directos, desde sus bancas.
Un aspecto que merece destacarse es que, si bien la aprobación no fue por unanimidad, como algunos esperaban y otros se animaban a predecir,el resultado fue igualmente contundente, alcanzando diecisiete votos favorables al proyecto, contra sólo tres en disidencia.
Lo políticamente llamativo, y para muchos inexplicable, es que algunos que ahora se opusieron, habían votado favorablemente el mismo proyecto en 2015. Sin dudas, cosas de la política.
Lo importante es que se aprobó una ordenanza fundamental, que regirá en las próximas décadas, que traza líneas de crecimiento ciertas para Luján, que da previsibilidad a quienes están dispuestos a invertir en nuestro medio, en definitiva, aunque con el tiempo deba ser perfeccionada, se ha dado un paso al futuro.
Pero también, y es bueno destacarlo como lo hizo desde su banca el concejal radical y del bloque oficialista Cambiemos, Fernando Casset, en las postrimerías de la sesión del Concejo Deliberante, en términos moderados pero muy claros, recordando que eran ellos, los concejales, quienes tenían las facultades y la responsabilidad de decidir, como representantes del pueblo.
Y, más allá del resultado de la votación, afortunadamente, fortaleciendo la democracia, así lo hicieron.