Tres décadas de democracia son un plazo considerable para madurar y crecer, en el que se reconoce como el menos malo de todos los sistemas políticos.
Más de una treintena de años para aprender a convivir, a respetar las instituciones, a cumplir responsablemente la función que cada dirigente decidió asumir, a anteponer los intereses de todos ante los individuales, en definitiva a ser democráticos.
O, al menos, para hacer política en serio, no la del vuelo cortó y a baja altura a la que nos fueron acostumbrando.
Ya no nos asombra que detrás de toda declaración haya una segunda intención, de que cada foto que muestra diálogo o coincidencias entre adversarios encierre un propósito oculto, que de cada reunión surja una conclusión en privado y otra en público.
Mientras el cinismo y la hipocresía sigan reinando, todo se puede poner en duda. En tanto se sostengan estructuras alimentadas por ambiciones en lugar de ser usinas de ideas y propuestas generosas para la comunidad, las instituciones se verán manchadas porun funcionamiento mediocre.
Desde ya, no es culpa del sistema ni de las instituciones, sino de quienes las representan, quienes fallan en capacidad o en valores, ya sea cometiendo errores o, en el otro caso, persiguiendo fines especulativos por supuestas conveniencias políticas, sectoriales o personales.
Gobernar, legislar, decidir, hacer, son verbos que la buena política destina para la gente. Cuando el fin perseguido es otro dejan de cumplir una función noble y constructiva, para ser destructivos de la credibilidad popular.
Para ciertos dirigentes, dañar al adversario político está antes que beneficiar al ciudadano, trabar la gestión de otro partido se entiende como una forma de hacer crecer al propio, impedir, obstruir, limitar, perjudicar, descalificar, desgastar, y tantos otros términos, son objetivos generalmente adoptados que se anteponen a colaborar, contribuir o aportar.
Así las cosas por más de treinta años - salvo contadas y honrosas excepciones- es demasiado. ¿Hasta cuándo?
No sólo es casi imposible responder esa pregunta porque es dificultoso predecir el futuro, sino porque esa situación se da por todas partes y en todos los niveles institucionales.
No hace falta ir muy lejos ni investigar demasiado, basta recorrer el camino que ha seguido el Concejo Deliberante local en relación al Ejecutivo municipal, en el que no es ni ha sido precisamente un modelo de cooperación.
Alcanza con recordar que desde 2015 no se volvió a aprobar el presupuesto anual que el Intendente envía al Concejo para cumplir con su plan de gobierno.
Sabido es que el presupuesto contempla los ingresos con los que contará y los gastos que podrá realizar el ejecutivo durante un año, y que sin obtener la aprobación del parlamento local tendrá afrontar con el presupuesto del año anterior, que deberá prorrogarse. Por supuesto, los concejales opositores saben que –en un contexto inflacionario como el que se arrastra- el funcionamiento de la Municipalidad requiere más recursos cada año, por la suba de los precios de los insumos, el incremento de los salarios del personal –incluidas las dietas de los mismos concejales- y otros gastos.
Sin embargo, al mismo tiempo de no votar el presupuesto que el Intendente necesita, año a año alentaron a los empleados municipales a reclamar aumentos de sueldos que no se podían pagar, o autorizaron la bochornosa instalación de una carpa de protesta sindical en la Plaza Colón considerándola un asunto urgente y de interés público, no efectuaron ninguna propuesta alternativa para financiar los incrementos salariales que alentaban y, por supuesto, tampoco resignaron el cobro de aumentos de sueldo para ellos mismos, como más de una vez lo hicieron los funcionarios del ejecutivo.
En otras palabras, fogonearon un aumento de los gastos – incluyendo sus propias remuneraciones- a sabiendas de que no podían afrontarse, y al mismo tiempo no aprobaron el presupuesto para que el ejecutivo contase con la posibilidad de administrar mejor los servicios en general.
Hoy por hoy, ya avanzado el 2017, Luciani sigue administrando la Comuna con el presupuesto del año 2015, prorrogado hasta ahora. Por supuesto que se ve impedido de hacer muchas cosas con tamaña limitación, pero la situación provocada, a quienes más perjudica es finalmente a los vecinos.
Un claro ejemplo de la política que la mayoría de la gente repudia, aun cuando no conozca los tecnicismos ni le importe. Es tan clara la intención que no requiere mayores explicaciones para el gran público.
No es el único caso de una acción política negativa, que persigue objetivos de desgaste y fracaso para una gestión de gobierno a la que se oponen salvajemente quienes fracasaron en las urnas y, en lugar de mostrarse con mayores capacidades, sólo alcanzan a exhibir mezquindades y perversidades políticas.
Por estos días ha surgido otro tema controvertido, que vuelve a mostrar la actitud del Concejo Deliberante, como ha sido la suspensión del sistema de estacionamiento medido en la ciudad de Luján.
En este caso, los concejales decidieron que debía ponerse en marcha el sistema en la denominada zona turística en un plazo de noventa días, o se suspendería la aplicación del sistema en todo el partido de Luján, aun en la zona céntrica en la que hace varios meses se viene aplicando.
Desde el ejecutivo se sostiene que no puede computarse ese plazo dado que la señalización e instalaciones necesarias no podían colocarse por la resistencia de los trapitos de la zona, conocida por todos y que generó escenas de violencia callejera.
Mientras las negociaciones y la búsqueda de una solución consensuada con los trabajadores informales del sector impidieron realizar los trabajos preparatorios en el lugar, el Concejo Deliberante impuso un plazo para que, a su término, se suspendiera el servicio en la otra zona donde las instalaciones se habían efectuado.
Desatada la crisis, que comenzó a orientarse hacia reclamos legales dirigidos al Municipio, el Intendente reglamentó la ordenanza del Concejo Deliberante para evitar que la Municipalidad se pusiera en riesgo ante los encargados del sistema oportunamente autorizado por el propio Concejo. De tal manera, el Jefe Comunal posibilitó que se postergara la suspensión que dispusieron los concejales.
Otra vez la especulación política. La oposición intentando sacar algún provecho a expensas del Ejecutivo, ignorando – o pretendiendo hacerlo- que quienes provocaron un desenlace desaconsejable fueron ellos mismos.
Se asegura que algunos ediles cambiaron de posición –de las reuniones en privado a las declaraciones públicas- por lo que algún concejal calificó a esos representantes del pueblo como “panqueques”.
Tensiones y traiciones. Aparente actitud responsable como pantalla para presentar el tema como un escándalo y llevarlo a la justicia. Búsqueda de ruido antes que cosecha de nueces.
Algunas opiniones expresan confianza en que el nuevo presidente del Concejo, Silvio Martini, sepa poner moderación y conducir esta crisis a buen y pacífico puerto.
Para otros, en cambio, poco importa cómo termine el asunto, la única perjudicada será la comunidad.
La pérdida de recursos económicos – sea por la suspensión del sistema autorizado, como por una eventual indemnización a los contratantes perjudicados- será lastimosa para la Comuna y la consecuencia de la especulación política de dirigentes de poca monta.
Treinta años no son nada, parece demostrar la realidad, al menos para que algunos políticos aprendan para qué se representa a la comunidad.
Lamentablemente el egoísmo puede más y, ante los ojos de la gente, en calidad institucional vamos de mal en peor.