La reconocida expresión del tantas veces criticado Domingo Faustino Sarmiento –que forma parte del título de su libro “Facundo”- ha quedado como una dura síntesis de dos actitudes opuestas frente a la Patria y a las instituciones de entonces, que mostraban –con la crudeza de su autor- dos sectores antagónicos, enfrentados, irreconciliables.
Se ha dicho que el eje trazado por Sarmiento, utilizando ambos conceptos, va más allá de las personas, ya que la idea de “civilización o barbarie” separa no sólo personajes y costumbres, sino también paisajes completamente diferentes. Es decir, se presenta como la división innata de la población del país, teniendo en cuenta el contexto político de aquella época: se era unitario o federal, de la ciudad o del campo, civilizado o bárbaro.
Sin que deba admitirse la descripción sarmientina co-mo la verdad revelada que pinta la más absoluta realidad, al menos debemos darle crédito para reflexionar sobre ella, y hasta para reconocer que todavía hoy se manifiestan vestigios de aquella división, y se evidencian modernas muestras de civilización y de barbarie.
Cada vez más ciudadanos de nuestra comunidad, de todos los sectores sociales, se encuentran preocupados y en total desacuerdo con actitudes públicas, de claro contenido político, que se producen, fundamentalmente, en el seno del Concejo Deliberante.
Como se sabe, distintos temas convocantes hacen que algunos interesados concurran a presenciar las sesiones y participen expresando sus opiniones, planteos y posicionamientos. Ello se permite con mecanismos reglamentarios –como constituir al Concejo en comisión, o dar el uso de la denominada ”banca abierta”- para que puedan intervenir quienes no integran la legislatura local.
Más allá de la escasa o nula representatividad que tienen muchos de quienes piden la palabra, la posibilidad que se les brinda de expresarse públicamente frente a los concejales y a los medios de prensa, debe reconocerse como un modo participativo y un progreso de la democracia.
Pero no todo lo que brilla es oro. Y tampoco parece ser un ejemplo o un modelo democrático lo que ocurre -reiteradamente- cuando algunos autodenominados “dirigentes sociales” y sus acompañantes, no sólo generan situaciones escandalosas, sino que insultan a los miembros del Concejo Deliberante, los amenazan y agreden, mostrando actitudes claramente antidemocráticas.
Además de las groserías, agravios, acusaciones lanzadas públicamente sin fundamento alguno, dirigidas a todos los sectores políticos -no se trata sólo de alguno de ellos- esas actitudes hacen imposible que los concejales puedan hacer su trabajo y, como consecuencia, impiden que el Concejo Deliberante cumpla con sus funciones.
Es decir que la posibilidad que la democracia les brinda se ve opacada por la obstrucción del ejercicio democrático que ellos mismos producen. Un absurdo.
En otras palabras, lo que se pretende exhibir como un ejemplo de democracia resulta ser, a la vista de las personas sensatas que la observan con frecuencia, una lamentable muestra antidemocrática.
No pocos se preguntan por qué se permite esa agresión fuera de lugar, y cómo no se obliga a abandonar el recinto a quienes se comportan como patoteros o “barras bravas” de la política.
¿Acaso el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes? ¿Entonces por qué interfieren en la labor legislativa de los concejales las actitudes violentas de quienes apelan al insulto en nombre de la participación?
No puede negarse o desconocerse el derecho de nadie a la libre expresión. Tampoco el de peticionar a las autoridades. Pero no de una manera que sólo se constituye en una falta de respeto a las instituciones, a los representantes del pueblo y a los demás ciudadanos que se comportan en el marco de la ley.
No se trata de impedir que la comunidad pueda saber, informarse y opinar haciendo saber su desacuerdo con las medidas que tomen o pretendan tomar quienes la representan. Pero sí de encuadrar sus conductas en el campo de la civilización, no de la barbarie.
En todo caso existen procedimientos para las denuncias, los reclamos, las solicitudes, las quejas, etc. que no requieren de actuaciones envalentonadas e irrespetuosas en un recinto deliberativo, sino de fundamentos racionales, sentido común y orden de ideas.
Hacen falta pensamientos agudos, no calificativos graves dirigidos a nuestros semejantes que ocupan las bancas de legisladores locales por decisión popular a través del voto. Ningún pseudo dirigente puede atribuirse el derecho a desconocer esa circunstancia ni a faltarle el respeto a los representantes del voto ciudadano.
En última instancia, cada vecino –conforme o no con las medidas que decida el Concejo Deliberante y cualquiera sea el tema que trate- podrá hacer, por escrito, las presentaciones que desee, denunciando, peticionando, expresando libremente lo que piensa, pero sin “aprietes” ni amedrentamientos.
Quizás le faltaría la puesta en escena de un discurso agresivo, apoyado por gritos de sus seguidores. Tal vez así queda en descubierto el verdadero propósito de esas intervenciones y su intencionalidad política.
También las apariciones públicas de aquellos que tienen – y aprovechan- la posibilidad de mostrarse en esas sesiones del Concejo Deliberante, otorgan protagonismo a quienes no lo tienen, excepto de esta manera, pues nunca han recibido el mínimo apoyo popular para estar sentados en una banca del poder legislativo municipal.
En suma, la libre expresión es un derecho que debe ser respetado a rajatablas, pero sin cruzar el límite del respeto y la convivencia. Sean bienvenidas todas las formas de participación del pueblo, pero no aquellas que se vuelven contra el pueblo y se descalifican a sí mismas.
Consolidemos el funcionamiento de las instituciones, algo que parece que no hemos logrado en casi 35 años de democracia. Para ello se requiere –como mínimo- demostrar que somos civilizados y que hemos superado la barbarie.
O démosle cabida a esos episodios de violencia y de vergüenza, en lugar de condenarlos. Y seguiremos mintiéndonos a nosotros mismos.