Mucho se ha dicho sobre las formas de actuar. Desde lo moral, desde lo legal, desde lo protocolar, desde lo consuetudinario, etc.
Y, naturalmente, tanto desde lo individual como desde lo social o, simplemente, desde lo colectivo.
Muchas veces, también, se ha minimizado lo formal en relación a lo sustancial.
La tendencia natural es la de otorgar más importancia al fondo que a la forma de encarar o resolver un tema.
Y, casi sin darnos cuenta, suele parecernos que la forma pasa a un segundo plano, menos importante que los objetivos o fines a alcanzar.
Sin embargo, aludir a las formas –a lo formal, cualquiera fuese la valoración que hiciéramos de ello- no es sino referirnos a los procedimientos, a los métodos, a las obligaciones a cumplir para determinadas actuaciones o funciones en las que se participa.
El ejemplo más a mano está en los deportes. Cada uno tiene sus reglas, sus formas, sus procederes.
Y sólo cumpliéndolos puede participarse en el juego, y –sobre todo- obtener un triunfo legítimo.
Un resultado que puede parecer justo, si no se obtuvo cumpliendo las reglas será irremediablemente ilegítimo.
Aunque el árbitro no lo haya advertido o el adversario nada haya logrado para impedirlo.
En definitiva, aunque las reglas hayan sido vulneradas infinidad de veces y en todos los ámbitos del quehacer humano, esa situación no puede ser admitida ni aprobada.
Y, sobre todo, cuando se da en el plano institucional, cuando deja de ser un ejemplo negativo para una disputa deportiva para transformarse en un mecanismo de obstrucción para el funcionamiento del Estado.
Claramente, ello suele ocurrir en los órganos legislativos, cuando sus integrantes –apartándose de las reglas que les imponen cumplir con su rol institucional- impiden el ejercicio de una función esencial, como es la de legislar.
No pocas veces hemos sido informados por los medios de prensa que determinados sectores políticos –del signo que fueren- decidieron no dar quorum para impedir el funcionamiento del Congreso Nacional, como si el cumplimiento de su obligación de desempeñarse como legisladores fuese voluntaria o, en lugar de cumplir con la función para la que fueron electos y para la cual se les paga, pudieran ejercerla cuando quisieran y no hacerlo cuando no quisieran, no importándoles la institución que representan.
También lo hemos visto en el Concejo Deliberante local, donde la ausencia colectiva e intencional de algún sector político, obstruye el funcionamiento del cuerpo e impide que éste resuelva los problemas de la comunidad.
A nadie escapa que el juego de las mayorías y de las minorías hace que, en ocasiones, se sancionen normas con las que no estemos de acuerdo.
Esta situación se ha dado constantemente a lo largo de la historia y a todos los niveles.
Pero ello no releva a quienes disientan, de cumplir con su deber de legisladores, concurriendo a sesionar, sentándose en la banca, debatir, expresar los fundamentos de su decisión y votar negativamente.
Todo ello está dentro de las reglas. Tomarse el día y no cumplir con el deber esencial para el que se postularon y para el que asumieron, no forma parte de su rol de funcionarios públicos. Máxime si se trata de una decisión colectiva, adoptada con el sólo propósito de impedir el funcionamiento de una institución.
En nuestro medio, ya se apeló a esa artimaña cuando asumieron los nuevos concejales en diciembre de 2017 y debieron elegirse las autoridades del Concejo Deliberante y tomarse otras decisiones.
Los bloques opositores –alineados detrás de la figura del ex Intendente y actuar concejal Miguel Angel Prince o influenciados por éste- se retiraron de sus bancas dejando al cuerpo sin quorum.
Es decir, dejaron de jugar el partido retirándose de la cancha en lugar de someterse a las reglas de juego a las que se sometieron.
Algo que ni siquiera en una disputa deportiva está admitido.
Seguramente el ex Intendente ha olvidado que en prolongados períodos en los que ejerció el gobierno municipal, contaba con mayoría propia en el Concejo Deliberante, lo que le permitió contar con la aprobación de cuanta norma quisiera. Y la oposición debió aceptar esa situación, pues fue consecuencia de la voluntad popular.
Nadie objetó la legitimidad de las decisiones tomadas por el cuerpo.
Sin embargo, ahora, el ex jefe del gobierno municipal, se resiste a aceptar que el oficialismo –que responde al Intendente Oscar Luciani- pueda obtener mayoría para ganar una votación.
Es entendible la disidencia, la sal de la democracia. Lo que no es comprensible es que una situación se admita cuando beneficia a un sector político y se repudie cuando la conveniencia es de otro sector.
Porque esa actitud revela una dirigencia altamente especulativa, pero además incongruente, mediocre,limi- tada, antidemocrática, capaz de impedir acciones de gobierno – aunque no las comparta- al trabar el funcionamiento institucional del Concejo Deliberante.
Algo que se ve agravado cuando es iniciativa de dirigentes experimentados, que tuvieron responsabilidades públicas y condujeron un gobierno –en repetidas ocasiones- y hoy son acompañados en una decisión tan grave como la de no cumplir con sus obligaciones.
Y, como punto culminante, la ausencia de fundamentos corona el bochorno del que son protagonistas. Ni un argumento se intenta, más allá de que no existe ningún motivo –ético o legal- que justifique sus conductas.
¿Y si esa actitud se repitiera a lo largo del año? ¿Y si se paralizara el Concejo Deliberante durante todo el período de sesiones? ¿Podrían los autores de una conducta reprochable adueñarse de una institución y “cerrar sus puertas”?
Habrá, sin dudas, mecanismos para impedirlo, o para sancionar a los que le causen semejante daño, más allá de la condena que la sociedad ya ha hecho de esa actitud.
No debe perderse de vista que el año próximo habrá una importante disputa electoral, y que varios sectores se empiezan a preparar para afrontarla. Por lo tanto se espera que éste sea un año confrontativo, en el que no hay que descartar ninguna mala jugada de la alicaída, derrotada y partida oposición.
Esos dirigentes, los que han actuado contra la institución que integran, deberían pensar en discutir los proyectos oficiales, y proponer cambios para mejorarlos, en lugar de retirarse de sus bancas para que la voluntad popular no pueda expresarse. No comprenden, quizás, que la comunidad está cansada de los malos ejemplos.