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La política es una fuente inagotable de enredos. Los temas se suceden y cada uno ocupa, apenas por un rato, el espacio de mayor importancia para la opinión pública. Un poco más, tal vez, para la opinión publicada.
Por estos días, un tema acaparó ese interés, y se erigió en la cuestión principal, medida en términos de repercusión periodística, y de algunos sectores de la comunidad, que se expresaron en torno a la instalación de una central termoeléctrica en Luján.
Por el contrario, el gran público no se ha manifestado. Algunos sostienen que por falta de interés, otros aseguran que simplemente se trata de desconocimiento.
Sólo voces interesadas –cuyo derecho no puede ponerse en tela de juicio- se activaron, dirigiéndose a sectores políticos que, también por intereses de distinta naturaleza, se hicieron eco de esas protestas y reclamos.
Ciertamente no se trata de una cuestión sencilla. Por el contrario, tiene tantos aspectos técnicos que los ciudadanos de a pie oscilamos entre lo comprensible y lo incomprensible, según quien nos transmita sus supuestos conocimientos.
Y la confusión llega al punto cúlmine cuando recibimos –sobre el mismo tema- dos opiniones contradictorias de una misma persona.
Todo comienza con la decisión del gobierno nacional de lanzar un plan de generación de energía eléctrica que garantice, sobre todo en situaciones estacionales de máximo consumo, que no se interrumpa por insuficiencia el suministro de electricidad, manteniéndose el servicio.
Esa decisión política está dirigida a los sectores industriales, comerciales, residenciales, etc. pero la producción de electricidad requiere diseminar unas cuantas centrales –o plantas de generación- por el territorio provincial, demasiado cargado de población y actividades y, por lo tanto, de un alto consumo de energía.
Luján es uno de los puntos geográficos que se contempló como necesario para instalar una de las centrales termoeléctricas que requiere el plan energético nacional.
Cuando la empresa que resulta ser la dueña del emprendimiento, inicia los trámites, surge que pretende instalarse en una zona rural en la que no se admite la radicación de una planta de esas características.
Sin embargo, por tratarse de un servicio de generación de energía, muy necesario para contar con ese servicio sin riesgos de cortes, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que crea una zona de uso específico para la instalación de una central termoeléctrica, como excepción a las normas de zonificaciones que no la permitían. El ejecutivo municipal promulgó la ordenanza.
Por entonces, los funcionarios locales –tanto los colaboradores del Intendente como los concejales- conocieron un informe del Organismo para el Desarrollo Sustentable- calificando a la central termoeléctrica no como un servicio de generación de energía sino como una industria de tercera categoría, es decir como una actividad industrial contaminante.
Si bien desde el Municipio se sigue interpretando que no se trata de una industria pues no sólo no está contemplada en la ley, sino que no hay transformación de materia prima, lo que distingue a todo proceso industrial.
En cuanto a la contaminación, la tecnología con la que cuenta la planta a instalarse, garantiza que no habrá ningún factor que ponga en riesgo o perjudique a la comunidad.
Sin embargo, la reacción de algunos concejales y un grupo de vecinos, no se hizo esperar, haciendo oir en el Concejo Deliberante su oposición a la cuestionada instalación, ya que –si fuera una industria de tercera categoría- no estaría permitida por una ordenanza municipal.
Preventivamente, el Intendente Luciani dispuso que se paralizaran las obras de construcción de la termoeléctrica, solicitándole a dos universidades nacionales que evaluasen técnicamente el impacto ambiental que produciría la nueva planta.
Pero la politización del tema, la movilización de algunos grupos alentados por los concejales opositores al gobierno municipal y –fundamentalmente- el temor al fantasma de la contaminación, condujo a que la oposición política presentara un nuevo proyecto de ordenanza por la que se derogaba la anterior que posibilitaba la instalación de la central termoeléctrica.
En una tumultuosa sesión del Concejo Deliberante –no exenta de insultos, agravios, acusaciones- en medio de conductas fuera de lugar, interrupciones a la labor legislativa y otros malos ejemplos de impresentables, se sancionó otra ordenanza que derogaba la anterior.
El ejecutivo municipal también promulgó la nueva norma.
Si bien nunca se otorgó habilitación para funcionar –aseguran desde el Municipio- para lo cual deberán cumplirse con todas las exigencias legales, se abre un nuevo debate.
Ya no habrá central termoeléctrica en Luján –aunque se compruebe que no se trata de una actividad contaminante- pero tampoco habrá generación de la energía eléctrica necesaria para contar con el servicio sin cortes.
Por otra parte, la decisión unánime del Concejo Deliberante hace tambalear el programa de expansión energética impulsado por el gobierno nacional.
¿Qué pasaría –es la pregunta que se hacen las autoridades nacionales y provinciales- si todas las Municipalidades se oponen a la instalación de plantas de generación eléctrica en sus territorios?
Desde los Municipios responden que las normas deben ser cumplidas, no sólo por los ciudadanos, sino también por la Provincia y por la Nación.
Trascendió que, en este caso, la empresa a cargo de la Central Termoeléctrica no cuenta con los planos aprobados por la Comuna para realizar la obra. La realidad demuestra –en cambio- que la construcción se inició sin esa aprobación municipal y se hallaría muy avanzada.
En un escenario muy complicado comienzan a aparecer otros actores, como el sindicato de los trabajadores de la construcción (UOCRA), que acusa a la Municipalidad de ser la responsable de paralizar la obra y perjudicar a los obreros que se quedarían sin trabajo.
También la empresas Araucaria Energy habría enviado una carta documento al Concejo Deliberante notificando a los concejales que iniciaría juicios contra el Municipio y contra ellos personalmente.
¿Qué consecuencias traerán las decisiones que tomaron los legisladores locales impidiendo la radicación de la central termoeléctrica? Sorprendió a muchos que el bloque del oficialismo gobernante votó favorablemente por el proyecto opositor, por lo cual éste obtuvo la sanción por unanimidad.
Pero también se dice que el bloque oficialista iba a abstenerse de votar ese proyecto, pues el Intendente había presentado otro alternativo que no pudo tratarse, pero un concejal radical se adelantó anunciando el voto afirmativo del bloque.
De ser esto así, y más allá de algún cuestionamiento ético ¿esa actitud puede ser un anticipo de otras decisiones no consensuadas? –se preguntan algunos. De no ser como se dice ¿es una insinuación de desacuerdo, molestia o discrepancia política con el protagonismo del concejal radical que jugó el rol de vocero del sector?
Se termina el año, pero no parece que también concluya este tema.
Luján no tendrá una central termoeléctrica. ¿Tendrá luz en el inminente verano? ¿Cómo actuarán las autoridades nacionales y provinciales ante lo que decidieron los funcionarios locales? ¿Reconocerá la empresa que no cumplió con las normas municipales? ¿Habrá represalias políticas?
Se abre una nueva instancia, la de las consecuencias y las responsabilidades. Se trata de un largo camino. Ojalá se enciendan las luces del sentido común.