• PROPONEN PREVENIR EL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES MEZCLADAS CON ALCOHOL - Leer más

  • LEONEL COZZOLINO: “NO ME VEO JUBILADO COMO PROFESOR, SÍ COMO PERIODISTA” - Leer más

  • SIGO CREYENDO EN LOS REYES MAGOS - Leer más

  • CARLOS PEDRO PEREZ: “PARECIERA QUE SOMOS BEBES QUE NO SABEMOS MANEJARNOS EN DEMOCRACIA” - Leer más

Los llamados ‘fueros parlamentarios’ y la situación político judicial de la ex presidente y senadora de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Se trata del primer antecedente en la historia constitucional, política y penal argentina: la orden de prisión preventiva contra un ex primer mandatario de la Nación, que ejercerá en la actualidad otro período constitucional (en este caso, legislativo. Acaba de jurar por 6 años, como senadora de la Nación, en un mandato que se inicia el 10 de diciembre de 2017).
1.NO TIENE INMUNIDAD DE PROCESO: La causa penal, podrá continuar hasta su conclusión, pues la funcionaria constitucional procesada no goza ya de la inmunidad de proceso que le otorgaban los derogados artículos 189 a 191 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984). Y ello merced a la vigencia actual de la denominada «ley de fueros» (Nro. 23.520, del año 2000), que instituyó un «regimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados», reglamentando así imprecisos contenidos constitucionales; y -con mayor fuerza- «desterrando» serios obstáculos que legislaban varios códigos provinciales de procedimiento en materia penal, así como el nacional precitado.
2.SÍ TIENE INMUNIDAD DE ARRESTO: En cambio, una orden de detención contra la hoy legisladora (ya dispuesta) -más allá de las connotaciones institucionales y/o políticas que ella trae aparejada para la salud de la República- no podrá hacerse efectiva inmediatamente. Pues previamente, deberá ponerse en marcha el mecanismo constitucional del mal denominado “desafuero” -con la necesaria intervención y decisión de la Cámara de Senadores de la Nación- ó en hipótesis, una situación en la que esta última acepte una renuncia válidamente presentada.
Así lo establece -claramente- la precitada “ley de fueros” en su artículo 1º, cuando dice: «En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir 6adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida».
3.SÍ TIENE INMUNIDAD DE OPINIÓN e INVIOLABILIDAD DE SU DOMICILIO: La legisladora sí goza de inmunidad de opinión y de palabra, en ejercicio de su mandato y desempeño funcional, tal las disposiciones de la propia Carta Magna, complementadas por la ley. Lo mismo ocurre, respecto de su domicilio y con relación a su correspondencia, papeles y documentos.
4.FUENTE DE LAS INMUNIDADES PARLAMENTARIAS: Como integrante del Congreso de la Nación le alcanzan a la ex presidente las inmunidades que sí otorga el Texto Fundamental a los legisladores por medio de los artículos 68 a 70, y que vino a reglamentar (“con dudosa constitucionalidad”, según Quiroga Lavié) la ley 23.520, sancionada en año 2000.
5.EL SENTIDO Y VIGENCIA DE LA LEY DENOMINADA ‘DE FUEROS’: Previo a ello (antes de dicho año citado), los ordenamientos procesales de las distintas jurisdicciones -y la Nación misma- establecieron prerrogativas en favor de todas las autoridades constitucionales: es decir, ciertos “filtros” hoy derogados.
La “ley de fueros” -que rige plenamente- equipara las situaciones y autoridades de los tres poderes, y establece un régimen igualitario para todos ellos, prescindiendo (o “estirando”) el alcance de los precitados artículos constitucionales.
Tal las inmunidades de la que gozan sólo algunas de las autoridades constitucionales de la Nación.